La Ley de Protección del Deporte Universitario (PCSA, por sus siglas en inglés) pasa ahora a la Cámara de Representantes.

WASHINGTON — El proyecto de ley federal destinado a transformar la industria del deporte universitario dio un paso decisivo para convertirse en ley este lunes por la noche, cuando el Senado de los Estados Unidos lo aprobó por una abrumadora mayoría de 77 votos a favor y 22 en contra.

La Ley de Protección del Deporte Universitario (PCSA, por sus siglas en inglés) pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde enfrentará cierta oposición de ambos sectores del espectro político y dispondrá de poco tiempo para recabar apoyos. No está previsto que los miembros de la Cámara voten ningún proyecto de ley hasta después de las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Si la iniciativa no logra aprobarse en la Cámara durante el periodo de sesiones de fin de legislatura —antes de que el nuevo Congreso asuma el cargo en enero—, todo el proceso tendría que comenzar desde cero.

"Desde el principio, nuestro objetivo no era lograr una aprobación ajustada con 60 o 61 votos, sino conseguir un respaldo bipartidista amplio que demostrara la importancia de intervenir para salvar y preservar el deporte universitario", declaró este lunes por la noche a la prensa el senador Ted Cruz, republicano por Texas. "El presidente Trump está deseando promulgar esta ley".

Tal como declaró este lunes por la noche el presidente de la NCAA, Charlie Baker: "Los estudiantes deportistas de todo el país y de las tres divisiones de la NCAA trabajaron arduamente para impulsar esta legislación y, gracias a su labor de defensa, el proyecto de ley acaba de recibir un respaldo masivo y bipartidista en el Senado.

"Ahora, el proyecto pasa a la Cámara de Representantes de EE. UU. y queda mucho trabajo por hacer para garantizar que los beneficios de los estudiantes deportistas se consagren en la ley federal y que las futuras generaciones de jóvenes puedan acceder a ellos y utilizar el deporte universitario como trampolín para sus carreras".

El proyecto de ley otorga a la NCAA una exención de las leyes antimonopolio, diseñada para ayudar a la asociación a imponer límites a las cantidades que los equipos pueden pagar a sus deportistas, así como a aplicar otras normas que se han visto debilitadas por litigios legales en los últimos años. Si el proyecto se convierte en ley, los deportistas solo podrán transferirse de universidad una vez sin penalización durante su carrera universitaria. Asimismo, se reforzarían las nuevas normas de la NCAA que limitan a cinco años el periodo de elegibilidad competitiva universitaria, el cual comienza al terminar la escuela secundaria o al cumplir 19 años.

El Senado debatió siete enmiendas al proyecto antes de la votación final del lunes por la noche. Cabe destacar que los legisladores votaron 52 a 47 en contra de una disposición que habría limitado a 5 millones de dólares anuales los ingresos que los entrenadores perciben de sus universidades y habría restringido la frecuencia con la que pueden cambiar de empleo.

"Si los partidarios del proyecto creen que estas normas son necesarias para los deportistas, deberían estar dispuestos a aplicarlas también a los entrenadores", afirmó el senador Cory Booker (demócrata por Nueva Jersey). "Este proyecto de ley traiciona a los deportistas universitarios".

Otra sección del proyecto busca frenar la reestructuración de las conferencias, un fenómeno que ha transformado significativamente la economía del deporte universitario en la última década y ha situado a la Big Ten y a la SEC en una trayectoria financiera distinta a la del resto de las conferencias. Según el proyecto, la membresía de las conferencias del grupo "Power 4" se limitaría a un total de 20 universidades. Actualmente, la Big Ten cuenta con 18 universidades y la SEC con 16. Cualquier universidad que decidiera cambiar de una conferencia del "Power 4" a otra tendría que pasar tres años sin afiliación a ninguna conferencia antes de unirse a una nueva.

Sin embargo, está previsto que ese periodo de espera de tres años desaparezca al final de 2031, justo cuando empiezan a vencer los contratos de derechos televisivos que mantienen unidas a muchas conferencias.

La Big Ten y la SEC lograron que se incluyera en agosto una disposición que aumenta la cantidad de dinero que las universidades pueden pagar directamente a los jugadores. El límite actual, establecido como parte de un acuerdo para resolver varias demandas federales antimonopolio —conocido como el acuerdo *House*—, permite a las universidades gastar aproximadamente 21.5 millones de dólares este año. Con el nuevo proyecto de ley, esa cifra aumentaría a unos 49 millones de dólares (de los cuales 5 millones se reservarían para deportes olímpicos y disciplinas que no generan ingresos).

Aunque el acuerdo House fijó límites de gasto, los responsables del deporte universitario han tenido dificultades para cerrar los vacíos legales que las universidades más adineradas aprovechan para confeccionar plantillas que superan con creces dicho tope. Cruz y la senadora Maria Cantwell (demócrata por Washington) afirman que su nuevo proyecto de ley será una medida más eficaz para impedir que los equipos eludan el límite establecido.

Cantwell indicó que su objetivo al impulsar esta legislación era frenar la "desenfrenada carrera armamentista" del gasto en deportes universitarios, especialmente en el fútbol americano. El proyecto de ley no pretende limitar el gasto en salarios de entrenadores y administradores, ni en mejoras de instalaciones u otros gastos que se han disparado en los últimos 20 años.

"Queda trabajo por hacer, pero debemos aprobar un proyecto de ley esta noche porque es necesario dejar de desviar fondos destinados a la matrícula y a los profesores de los colegios universitarios y universidades para financiar una carrera armamentista deportiva", aseguró Cantwell desde el pleno del Senado el lunes por la noche. "No es la solución definitiva. Se trata de poner un freno al problema, estabilizar la situación de los deportes femeninos y olímpicos, y crear la oportunidad de debatir la estructura general de cara al futuro. Estamos en camino de resolver los problemas existentes".

Los críticos señalan que duplicar el tope salarial y, al mismo tiempo, establecer un plazo de seis años para futuras reconfiguraciones de conferencias podría avivar aún más la guerra de gastos entre las universidades de la Big 12 y la ACC, ansiosas por conseguir una de las pocas plazas vacantes en la Big Ten o la SEC.

Las enmiendas aprobadas por el Senado este lunes por la noche incluyeron una disposición que obliga a los departamentos de deportes a declarar si aceptan inversiones de gobiernos extranjeros o fondos soberanos de inversión, y otra que eleva de 19 a 20 el límite de equipos en una conferencia de élite; asimismo, garantiza que los atletas y sus familias conserven el derecho a demandar a sus universidades por diversas cuestiones, incluidas las acusaciones de conducta sexual inapropiada o muerte por negligencia.

Una enmienda destinada a aumentar de 100 a 200 millones de dólares el fondo de atención médica para lesiones graves de exatletas se quedó a un solo voto de ser incorporada al proyecto de ley.

Booker, quien presentó dicha enmienda y figura entre los detractores más acérrimos del proyecto, afirmó que la iniciativa no protege plenamente a los atletas universitarios ni limita muchas de las categorías de gasto que han alimentado la competencia financiera en el deporte universitario. También expresó su preocupación por el hecho de que las disposiciones del proyecto destinadas a proteger los programas deportivos femeninos expiren al cabo de nueve años, mientras que la exención de las leyes antimonopolio concedida a la NCAA no tiene fecha de caducidad.

Cantwell, Cruz y numerosos responsables universitarios reconocen que el proyecto "no es perfecto", pero sostienen que aporta una estabilidad muy necesaria a un sector que, durante el último lustro, ha sido incapaz de hacer cumplir sus propias normas. La NCAA y sus miembros comenzaron a solicitar ayuda al Congreso de manera formal tras un fallo de la Corte Suprema en 2021, el cual dejó claro que la asociación no estaba exenta de las leyes antimonopolio que prohíben a las instituciones educativas coludirse de formas que limiten el potencial de ingresos de los atletas universitarios.

Los partidarios del proyecto de ley —entre ellos la mayoría de las conferencias de la División I— afirman que la medida ofrece un reinicio muy necesario a medida que la élite del deporte universitario evoluciona hacia una actividad más profesional. Por otro lado, los detractores —incluida la AFL-CIO y varios grupos que buscan sindicalizar a los atletas universitarios— sostienen que la estabilidad debería provenir del mismo tipo de convenios colectivos que rigen a las ligas deportivas profesionales.

Para sindicalizarse y negociar colectivamente bajo la legislación actual, los atletas universitarios tendrían que ser reconocidos como empleados. La PCSA mantiene una postura neutral respecto a la condición de empleado. Varios intentos anteriores de aprobar leyes sobre el deporte universitario, impulsados ​​por republicanos de la Cámara de Representantes, incluían disposiciones para aclarar que los atletas no son empleados y no pueden sindicalizarse. Este lunes por la noche, Cruz declaró a la prensa que habría preferido un proyecto de ley que dejara claro que los atletas universitarios no son empleados, pero reconoció que esa exigencia era inaceptable para los demócratas y que el compromiso alcanzado fue crucial para lograr que el proyecto avanzara en el Senado. La cuestión de la condición laboral representa un obstáculo importante para la aprobación del proyecto en la Cámara de Representantes.

El senador Eric Schmitt (republicano por Misuri), copatrocinador de la PCSA, señaló que incluir fechas de caducidad para ciertas disposiciones del proyecto, así como crear una comisión para estudiar el futuro del deporte universitario, deja abierta la puerta a sistemas alternativos —como la negociación colectiva— si dicha opción resulta viable en el futuro.

"Esto calma las aguas y aporta una estructura real", declaró Schmitt a ESPN. "Más adelante, podría adoptarse una estructura diferente acordada por el Congreso o las conferencias".

Está previsto que la Cámara de Representantes inicie su próximo periodo de sesiones el 9 de noviembre; durante los meses de noviembre y diciembre, se reunirá y votará leyes a lo largo de cinco semanas. La oficina del presidente de la Cámara, Mike Johnson (republicano por Luisiana), no respondió a una solicitud de comentarios sobre el proyecto de ley.